De un espectador expectante

Si hay alguna cualidad –virtud- que debiera ser prioritaria para determinar la pertinencia de un prójimo a nuestro personal círculo de afines ésa sería, probablemente, la sensatez. Digo yo. Pero si hay alguna cualidad que deberíamos exigir a nuestros gobernantes, a todos, esa sería, sin duda, la SENSATEZ. Lástima entonces que la sensatez pueda definirse como aquello que todas las personas creen poseer. Algo que todo se ha de decir nos ha conculcado, como decíamos hace unos días, la cultura de la queja y el victimismo impuesto por la fatídica corrección política basada en un relativismo melifluo e irresponsabilizador. Es cierto que resulta despreciable el número de personas que serían capaces de desaconsejarse a sí mismas debido a su autoconsciente y admitida insensatez. Así, el hecho de que prácticamente nadie se considere un insensato es, precisamente, unos de los hechos más peligrosos y aterradores a los que se encuentra abocado el ser social. O dicho de otra forma, si el sujeto está condenado a alguna amenaza permanente y sumamente peligrosa ésa es sin duda la insensatez de un “cercano”. Si el “cercano” tiene cierto poder la cosa puede complicarse. Si la insensatez llega a formar parte del carácter de toda una clase al completo la cosa se agrava, pero si la clase es la clase política la cosa puede ser devastadora. Era poco probable que toda una clase fuera abducida por la insensatez, pero España ha demostrado una vez más que es different. Y lo ha demostrado a lo grande: con los mismos gobernantes (los que han conseguido que España se incluya en lo que los internautas europeos llaman países “pig”).

En el post anterior hacía referencia al desamparo hacia el que nos abocaban los poderes fácticos cuando permitían la total indefensión del ciudadano. Sobre todo porque la proporción de perjudicados/beneficiados con esa táctica mencionada es metafísicamente incomprensible; por incomprensiblemente maléfica. No puede caber más maldad que la de aquel (la compañía telefónica y el político que consiente) que mancilla, humilla y abandona a millones de ciudadanos a costa de la fortuna de unos pocos. Y un Estado que deja al ciudadano abandonado, no a su suerte, sino a la malograda suerte por el mismo Estado programada en connivencia con los magnates sin escrúpulos, es un Estado putrefacto; un Estado agusanado. Y su poder se sustenta, más que en la contrapartida económica que recibe a cambio (por los entes empresariales monstruosamente abstractos para el ciudadano y perfectamente concretos para el político: Moviestar, Vodafone, Orange, etc.), en el ejercicio de esa misma autoridad capaz de humillar a tantos millones de personas sin que esto no produzca graves consecuencias. O sea, se sustenta en la misma pura maldad.

Esta vez han sido las compañías de telefonía y de telecomunicaciones las que nos han señalado la vejación que a diario sufrimos los ciudadanos con pleno consentimiento de todo el Estado. Pero hay muchas otras vejaciones que vienen de otros sitios y que son el resultado de esta misma indignante forma de actuar carente de toda ética. El post anterior comenzaba con lo que parecía un caso personal, que después no lo era en la medida en que era extensible a la casi totalidad de usuarios. La putrefacción del Estado consiste en hacer que todos esos casos parezcan, sólo, personales. Sin ir más lejos, y por volver al terreno personal (extensible), en este año me he visto envuelto en dos casos en los que debía intervenir el seguro que en teoría me debía proteger de ciertos daños causados sobre mis pertenencias. En los dos se hizo el requerido peritaje y en los dos el seguro se desentendió del pago que por ley le correspondía asumir. En los dos casos tuve que acudir a los servicios de un abogado. La sola presencia de un abogado en la contienda hizo que las compañías abonaran inmediatamente el pago que se me había estado negando en innumerables y costosas llamadas telefónicas. Es decir, pagaron cuando les salió de las narices que es, después de todo, cuando la retribución que me correspondía por los daños causados se evaporaba en los costes del mismo abogado. Tan claro estaba el informe pericial que ante la carta de mi abogado me hicieron el ingreso en dos días. Pero lo peor del caso viene siempre cuando comento estos infortunios a mis allegados. Todos me dicen lo mismo, “claro, ¿qué no sabes lo que se ahorran las compañías aseguradores por todas aquellos afectados que renuncian a la contratación de un abogado?”. Así, con esta estrategia maléfica, son perjudicados los usuarios afectados que no llegan a contratar un abogado pero también perjudicados los usuarios que sí lo hacen. En fin, todos. Desamparados e indefensos todos y siempre, mientras los políticos cruzan la calle en un Audi de ventanillas ahumadas y comen a diario en estrellas michelín. Porque como ya he dicho en otras ocasiones les importamos una higa. Allá donde la insensatez de los gestores de este país no llega, llega la maldad. Si votamos a los menos malos tendremos lo que nos merezcamos.